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Yate en la marina de Santa Marta, trató de ocultar uno de los cerebros del desfalco de Interbolsa


La Fiscalía ubicó la embarcación en la Marina Internacional de Santa Marta (Magdalena). La embarcación será puesta a disposición de la Sociedad de Activos Especiales.
La embarcación fue adquirida en el año 2010 por un valor de US$377 mil dólares ($1.436 millones en esa época).Fiscalía
Desde el pasado 28 de febrero la Fiscalía inició un operativo para recuperar parte de los recursos apropiados de manera ilícita de  Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, cerebros de la debacle financiera de Interbolsa. En las últimas horas la Fiscalía recuperó un yate de propiedad de Jaramillo y que no figuraba entre las propiedades para reparar a las víctimas del descalabro bursátil.
La embarcación fue adquirida en el año 2010 por un valor de US$377 mil dólares ($1.436 millones en esa época). Las evidencias dan cuenta que en 2011 habría sido trasladada a Panamá. El yate, llamado inicialmente Gaia, fue cambiado dos veces de nombre, primero a Gaia I y luego pasó ser Kyeye, maniobras que habrían dificultado su rastreo y ubicación.
Este sábado fue detectado el ingreso de la embarcación a aguas colombianas, la incautación se llevó a cabo en Santa Marta, Magdalena y será puesta a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

El Espectador, en su edición impresa del tres de octubre del año pasado, reveló los documentos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) que reportaban la transacción entre Inversiones Jaramillo Botero y la compañía Gaia Maritime Services, ubicada en Florida (Estados Unidos). Inversiones Jaramillo Botero es una compañía que le pertenece a Rodrigo Jaramillo, expresidente de Interbolsa, su esposa, María Cecilia Botero Restrepo, y sus hijos, incluido Tomás. 
Pero el rastreo que hizo la Fiscalía dejó en evidencia otros 10 inmuebles que Jaramillo y Ortiz aparentemente intentaron ocultar en Bogotá, Medellín (Antioquia) y en los municipios de Tenjo (Cundinamarca) y Cumaral (Meta). Por ejemplo, en la capital del país, ocuparon una lujosa casa en el sector del Chicó, dos apartamentos en el exclusivo conjunto residencial Torres de Llorente, y otro apartamento ubicado en la Calle 92 con Carrera 4.
En Medellín, la Fiscalía impuso medidas cautelares sobre oficinas y parqueaderos en el sector de El Poblado, aunque no detalló el número real de los bienes incautados y, en Tenjo, decretaron medidas cautelares sobre una finca de 103 hectáreas. Estas propiedades, alguna de ellas cedidas a terceros y otras hacían parte de sociedades que les permitían hacer uso de ellas, quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la cual se encarga de administrar los bienes incautados.
Juan Carlos Ortíz y Tomás Jaramillo ya habían aceptado su responsabilidad por los delitos de manipulación fraudulenta, estafa agravada y concierto para delinquir, y fueron condenados a cinco años y nueve meses de prisión. Actualmente, continúa el proceso penal por captación masiva y habitual de dineros. Este descalabro bursátil empezó a ser investigado en 2012, como consecuencia de toma de posesión de la sociedad comisionista por parte de la Superintendencia Financiera. El Espectador.





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