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Así quedó el salario de los congresistas en Colombia



El Gobierno había dispuesto 97.027 mesas en los 11.233 puestos de votación que estaban ubicados todo el territorio nacional.
Por muy poco se quedó en el camino la consulta anticorrupción, luego de que la iniciativa no superara el umbral fijado de más de doce de millones de votantes, lo que significaba más de la tercera parte del censo electoral.
Se trató de una iniciativa compuesta por siete preguntas, entre ellas, una de las más polémicas era la de bajar el monto del salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado. Es decir, para que hubiera pasado, superando como primer requisito el umbral, 6’070.172 de colombianos debían votar sí en esta pregunta.
¿Aprueba usted reducir el salario de los congresistas de 40 a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes (s. m. l. m. v.), donde se fije un tope de 25 s. m. l. m . v. como máxima remuneración mensual a los congresistas y altos funcionarios del Estado, señalados en el artículo 197 de la Constitución Política?”, era una de las preguntas del proyecto presentado por la exsenadora Claudia López y la congresista Angélica Lozano.
Actualmente, el salario de un congresista de la República es de $31’249.680. De haber pasado la consulta anticorrupción este domingo 26 de agosto, su nuevo salario mensual hubiese sido de $19’531.050, lo que representaba una diferencia en pesos para los senadores de $11’718.630.
Algunos expertos en el tema consideraban que la pregunta (1) de la consulta popular tenía un enfoque más orientado a la desigualdad que vive el país por el aspecto salarial, que en sí mismo a combatir la corrupción, factor que ha permeado varios sectores en el país. Cabe mencionar que el salario mensual de un colombiano fijado para este 2018, es de $781,242.
A propósito, la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia) le envió en su momento al Consejo Nacional Electoral (CNE) una carta donde le indicaba que participarían como organización social a favor de la abstención de la campaña anticorrupción, puesto que consideraban que esta pregunta le daba a entender al país que quienes tenían salarios elevados estaban haciendo corrupción.
Entre tanto, Claudia López quien fue una de la promotoras de la consulta, señaló que el temor de muchos sindicatos judiciales era algo infundado.
“Yo le he explicado eso a los sindicatos de la Rama Judicial. Nosotros vamos a proponer una ley que diga que a los 395 altos funcionarios del Estado los regule y desvincule el salario de los demás del monto que tenga el de la cúpula (…) Ellos me dicen que no tienen confianza en el Congreso, temen que ellos hagan algo distinto de lo que se está pidiendo en la consulta, pero yo les he explicado que los congresistas no pueden ir en contra del mandato expreso que vote la gente”, argumentó López días atrás.
Dentro de los opositores al punto que refería la disminución del sueldo a los congresistas, se encontraba el representante por el Centro Democrático, Juan Espinal:  “Diversos estudios demuestran que no existe una relación determinante entre salario y el problema de la corrupción. Hay que apostarle a la cultura de la legalidad y cero beneficios para los corruptos”, manifestó al medio regional El Colombiano.
De haber sido aprobada la consulta anticorrupción, y por ende la pregunta número uno, no solo los congresistas habrían tenido una reducción de sus salarios; también aplicaba para funcionarios como ministros, magistrados de las altas cortes, el Procurador General de la Nación, el Fiscal General de la Nación, Contralor General de la República, Defensor del Pueblo, Registrador Nacional del Estado Civil, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y del Consejo Nacional Electoral, el Auditor General de la República, gobernadores y alcaldes, así como comandantes de las Fuerzas Militares y el Director General de la Policía.
En ese caso, el plazo del Congreso de la República para tramitar y aprobar las leyes que allí se establecían era de un año. Si se excedía de este tiempo, el presidente Iván Duque tenía la tarea de expedir las leyes por decreto.







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